MANIFIESTO POR LA DEFENSA DE LA DENOMINACIÓN DE
ORIGEN TORO Y DE LOS SECTORES VITIVINÍCOLA,
TURÍSTICO Y AGROALIMENTARIO DE LA COMARCA DE
TORO ( VALLADOLID y ZAMORA)
Por una transición energética planificada, compatible con el territorio y con sus actividades preexistentes.
Promovido por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro.
Link de adhesión al manifiesto al final de este texto.
Documento PDF completo de descarga: MANIFIESTO CRDO TORO 29-07-2026
Abierto a la adhesión escrita de otros consejos reguladores vínicos y/o alimentarios así como otras figuras de calidad, Asociaciones promotoras de las mismas, rutas del vino y sus entidades gestoras, asociaciones enoturísticas y de turismo rural, bodegas, cooperativas, viticultores, organizaciones agrarias, empresas agroalimentarias, alojamientos, establecimientos de hostelería y restauración, comercios, entidades locales, asociaciones empresariales, sociales y ambientales, instituciones públicas y ciudadanía de la provincia de Valladolid y Zamora, ámbito geográfico del que participa la Denominación de Origen TORO.
La Denominación de Origen Toro expresa su profunda preocupación ante la concentración de proyectos industriales de gran capacidad destinados a la gestión de residuos orgánicos y a la producción de biometano en su ámbito territorial y en su entorno, así como a la implantación de grandes superficies de huertos solares – implantación de plantas fotovoltaicas, potencial presencia de parques eólicos e instalación de macro granjas de cría intensiva de ganado porcino.
Esta posición no nace del rechazo a las energías renovables ni al aprovechamiento responsable de los residuos. Nace de la escala de los proyectos, de su proximidad, de la falta de planificación territorial y de la ausencia de una evaluación pública, independiente y conjunta de sus efectos acumulativos sobre una comarca vitivinícola consolidada durante generaciones.
La DO Toro comprende aproximadamente 62.000 hectáreas, con 5.550 hectáreas de viñedo inscrito, 981 viticultores y 64 bodegas certificadas. A su alrededor se articula una economía formada por explotaciones agrarias, bodegas, cooperativas, empresas auxiliares, comercio, restauración, hostelería, patrimonio y enoturismo que hacen que Toro y su entorno como D.O. sea un destino de turismo de interior de primer nivel con unos cien mil visitantes anuales.
Su principal activo no puede trasladarse ni reproducirse en otro lugar. Está formado por sus suelos, su clima, sus paisajes, sus viñedos ( muchos en vaso ) y sus cepas viejas de Tinta de Toro, quedando algunas centenarias e incluso prefiloxéricas y plantadas a pie franco. Este patrimonio agronómico, genético, paisajístico, cultural y económico constituye la base de la calidad y del prestigio de sus vinos.
UNA CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL SIN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
En el término municipal de Toro se tramita una planta con capacidad para gestionar cerca de 300.000 toneladas anuales de residuos, entre ellas aproximadamente 120.000 toneladas de purines y 89.000 toneladas de estiércoles bovinos y ovinos.
A unos 4,5 kilómetros y de forma colindante con el municipio de Toro, se proyecta otra instalación de aproximadamente 198.000 toneladas anuales, con unas entradas previstas de 92.000 toneladas de purín porcino y 45.000 toneladas de estiércol vacuno.
Solo estas dos plantas pretenden gestionar conjuntamente:
- 498.000 toneladas de residuos al año.
- 212.000 toneladas de purines.
- 134.000 toneladas de estiércoles bovinos y ovinos.
- Al menos 346.000 toneladas anuales de residuos ganaderos.
A ellas se suma otra iniciativa conocida en el término municipal de Toro, cuya capacidad aún no se ha hecho pública, así como otros proyectos situados en su entorno territorial, especialmente en Pedrosa del Rey ( Valladolid ) y en las proximidades al oeste de Toro como son; Coreses, Algodre y Peleas de Abajo.
Estas instalaciones no deben analizarse únicamente por la distancia entre sus parcelas. Pueden compartir áreas de captación de purines y estiércoles, carreteras, masas de agua y superficies agrícolas destinadas a la aplicación de digestatos. Sus efectos se extienden mucho más allá de los recintos industriales.
La suma de autorizaciones individuales está configurando materialmente un gran ámbito de gestión de residuos y producción energética. Sin embargo, no existe una planificación pública que determine cuántas instalaciones puede soportar el territorio, qué capacidades son compatibles con sus recursos, de dónde procederán los residuos ni dónde terminarán los nutrientes contenidos en los digestatos.
EUROPA EXIGIÓ PLANIFICAR ANTES DE ACELERAR
El impulso del biogás y del biometano responde a una política energética europea y estatal iniciada con anterioridad a la regulación de las Zonas de Aceleración Renovable. La Hoja de Ruta del Biogás aprobada por España en 2022 y el Plan REPowerEU promovieron un rápido crecimiento del biometano para sustituir gas fósil y reducir la dependencia energética exterior.
La Directiva (UE) 2023/2413 —RED III— reforzó esta política, pero no autorizó un despliegue indiscriminado ni una ocupación desordenada del territorio.
La norma estableció una secuencia preventiva:
- A más tardar el 21 de mayo de 2025, los Estados miembros debían realizar una cartografía coordinada de las zonas necesarias para el despliegue renovable, considerando el potencial energético, las infraestructuras, la sensibilidad ambiental y las características territoriales.
- A más tardar el 21 de febrero de 2026, debían adoptarse uno o varios planes que designaran formalmente las Zonas de Aceleración Renovable para una o varias tecnologías.
La Directiva exige, además, evaluación ambiental estratégica y participación pública. Esta evaluación estratégica debe incluir, además, el análisis de alternativas razonables y las correspondientes medidas de seguimiento, conforme a la Directiva 2001/42/CE y a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
España no completó esta secuencia dentro de los plazos previstos. El marco estatal básico de las ZAR no se aprobó hasta el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, después de haber vencido el plazo europeo para su designación. Además, El 24 de julio de 2025, la Comisión Europea decidió iniciar un procedimiento de infracción contra España, mediante el envío de una carta de emplazamiento, por no haber comunicado la transposición íntegra de la Directiva (UE) 2023/2413 –RED III– al ordenamiento nacional.
El biogás forma parte del despliegue renovable promovido por la RED III, y los principios de planificación territorial, prevención ambiental y compatibilidad con los usos preexistentes resultan plenamente relevantes ante la concentración de grandes plantas de biometano. La ausencia de una ZAR formal para esta tecnología no elimina la necesidad de ordenar territorialmente su implantación ni de evaluar estratégicamente el modelo industrial resultante.
UNA ZONA DE CONCENTRACIÓN DE FACTO SIN LAS GARANTÍAS DE UNA ZAR
Las plantas de biometano destinadas a la inyección en la red gasista no pueden considerarse, conforme al actual régimen estatal, Zonas de Aceleración Renovable formalmente designadas, pues la regulación española de las ZAR se refiere expresamente a instalaciones de generación de energía eléctrica renovable.
Sin embargo, la DO Toro y otras zonas de Zamora están recibiendo materialmente un tratamiento propio de una zona de concentración energética: numerosos proyectos avanzan simultáneamente, las capacidades industriales se acumulan, se superponen áreas de suministro y de aplicación de digestatos y se condiciona el futuro de las comarcas antes de que exista una evaluación conjunta.
Estamos ante una zona de aceleración industrial y energética de facto, no reconocida jurídicamente como tal y carente de las garantías de planificación que deberían acompañar una transformación territorial de esta magnitud.
No resulta admisible alcanzar mediante autorizaciones individuales el mismo resultado territorial que produciría un gran plan industrial, sin que exista al mismo tiempo la evaluación estratégica que un plan de esa naturaleza tendría que superar.
La Junta de Castilla y León está tramitando y, en algunos casos, autorizando y resolviendo de forma fragmentada, proyecto a proyecto, una transformación que, por su dimensión, capacidad y efectos acumulativos, constituye una decisión territorial de escala comarcal y provincial.
Esta forma de actuación invierte la lógica preventiva de la normativa europea: primero se concentran las instalaciones y después, cuando las autorizaciones, inversiones y contratos dificultan cualquier alternativa, se pretende ordenar el territorio.
La planificación no puede limitarse a reconocer hechos consumados.
LA COMPATIBILIDAD CON EL SECTOR VITIVINÍCOLA DEBE GARANTIZARSE
La Directiva (UE) 2018/2001, en la redacción dada por la Directiva (UE) 2023/2413 —RED III—, establece expresamente en su artículo 15 ter, apartado 3, que los Estados miembros favorecerán los usos múltiples de las zonas cartografiadas y que:
«Los proyectos de energías renovables serán compatibles con los usos preexistentes de dichas zonas».
La misma Directiva exige que las zonas de aceleración se delimiten sobre áreas suficientemente homogéneas en las que no se prevean impactos ambientales significativos derivados de la tecnología correspondiente.
En la DO Toro, el uso preexistente no es una actividad marginal ni sustituible. Es un modelo agrario, económico, cultural y enoturístico consolidado durante generaciones, basado en el viñedo, las bodegas, los suelos, el paisaje, la reputación de los vinos y la experiencia enoturística, que no se pueden desplazar ni llevar a otro territorio, en cambio las nuevas iniciativas industriales de las que estamos hablando, si pueden establecerse fuera del ámbito territorial de la D.O. TORO
La compatibilidad de las macroplantas con este modelo no puede darse por supuesta. Debe demostrarse antes de autorizar los proyectos y no puede acreditarse examinando cada instalación por separado.
La evaluación debe considerar conjuntamente su incidencia sobre:
- Los viñedos inscritos y sus suelos.
- Las bodegas y las explotaciones vitícolas.
- La calidad y disponibilidad de las aguas.
- El paisaje de la denominación.
- La imagen comercial y la reputación de los vinos.
- Las rutas del vino y el enoturismo.
- La hostelería, la restauración y el comercio.
- La confianza de consumidores, visitantes, distribuidores e inversores.
- La capacidad del territorio para conservar, atraer y fijar población.
- La población ya residente en la comarca, que según censos asciende a 13.500 personas en los 15 municipios que forman la D.O. Toro.
Mientras no exista esta evaluación, no puede presumirse que la acumulación de macroindustrias de gestión de residuos y producción de biometano y resto de iniciativas industriales descritas anteriormente como amenazas para los valores y recursos que definen el territorio – ámbito geográfico de la D.O. Toro, sea compatible con la propia Denominación de Origen Toro.
RIESGO DE UNA CRISIS SIN RETORNO PARA EL SECTOR
La DO Toro ha construido durante décadas una reputación basada en la singularidad de sus variedades de uva, especialmente de la Tinta de Toro, la antigüedad de sus viñedos, la calidad de sus vinos y la identidad de su paisaje.
La concentración de grandes industrias gestoras de residuos puede asociar progresivamente el territorio a esta actividad. El daño no se limitaría a las parcelas directamente afectadas: podría alcanzar a la imagen colectiva de la denominación, reducir claramente su atractivo como destino enoturístico, depreciar explotaciones y bodegas, dificultar la comercialización y acelerar el abandono del viñedo.
Una instalación industrial puede trasladarse. Un viñedo viejo, un suelo degradado, un acuífero contaminado o una reputación territorial perdida no se recuperan en pocos años. La ausencia de planificación puede situar al sector ante una crisis económica, ambiental y reputacional de carácter irreversible.
EFECTO LLAMADA SOBRE LAS MACROGRANJAS
Solo las dos plantas más próximas conocidas declaran una demanda conjunta de, al menos, 346.000 toneladas anuales de purines y estiércoles.
Si esa cantidad no existe de forma estable en el entorno, las instalaciones deberán ampliar sus radios de abastecimiento, competir por los mismos residuos o favorecer el aumento de la producción ganadera industrial.
Este posible crecimiento conjunto del sistema ganadero-energético debe evaluarse antes de autorizar los proyectos. La Administración debe acreditar la disponibilidad real de residuos, las cantidades ya comprometidas y si la viabilidad de las plantas depende de nuevas explotaciones intensivas, de ampliaciones ganaderas o de la importación estructural de residuos desde otras comarcas.
LOS DIGESTATOS NO ELIMINAN EL PROBLEMA DE LOS NUTRIENTES
La digestión anaerobia produce energía, pero no elimina el nitrógeno ni el fósforo contenidos en los residuos. Estos nutrientes permanecen, en gran medida, en los digestatos, que deben almacenarse, transportarse, tratarse o aplicarse sobre terrenos agrícolas.
Por ello, debe acreditarse que el territorio dispone de superficie agraria real y adecuada para gestionar conjuntamente todos los digestatos sin provocar sobrecargas de nitrógeno, fósforo, sales u otros compuestos.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, exige considerar los efectos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos, así como la interacción con otros proyectos y presiones existentes. Este análisis debe incluir las áreas de suministro, las rutas de transporte, las masas de agua y la posible coincidencia de parcelas receptoras entre distintas instalaciones. Los criterios de los anexos III y VI obligan a valorar la capacidad de absorción del medio y la acumulación de impactos.
Asimismo, la aplicación agraria debe ajustarse a las necesidades reales de los cultivos y a las condiciones del suelo conforme al Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios.
No puede considerarse disponible toda la superficie incluida dentro de un radio teórico. Deben valorarse los cultivos, las pendientes, la proximidad a cauces, la vulnerabilidad de las aguas, los aportes previos y la capacidad agronómica de los suelos. Los viñedos inscritos y los suelos vitivinícolas de especial valor no pueden convertirse en la solución logística de instalaciones sobredimensionadas.
UN PROBLEMA DE ESCALA MÁS ALLÁ DE LO PROVINCIAL
El ámbito geográfico de la DO Toro se ve directamente amenazada y afectada de este a oeste, pero la problemática se extiende y se agrava al analizarlos como provincias de las que participa, siendo dramático el conjunto de iniciativas para las provincias de Valladolid y Zamora.
Según el inventario documental que sustenta este manifiesto, al menos para Zamora, once proyectos de gran capacidad y elevado impacto potencial han alcanzado ya el trámite de información pública o fases posteriores en la provincia, y más de doce en provincia de Valladolid, algunos de ellos autorizados o con pronunciamientos ambientales favorables.
Además, responsables de la Junta de Castilla y León han situado en torno a cuarenta el número de iniciativas presentadas, conocidas o previstas para Zamora, aunque no todas hayan alcanzado todavía el trámite de información pública.
Existen proyectos en Villardondiego, Coreses, Peleas de Abajo, Algodre, Cerecinos de Campos, San Cebrián de Castro, Villanueva de Azoague, El Cubo de Tierra del Vino, Santovenia y la comarca de Benavente y los Valles, entre otros ámbitos.
Igualmente, en provincia de Valladolid, existen proyectos en Pedrosa del Rey, Ataquines, Melgar de Abajo, Medina del campo, Olmedo, Pedrajas de San Esteban, Pozal de gallinas, Montemayor de Pililla, Fompedraza, Hornillos de Eresma, Cogeces del monte, Cigales y la Cistérniga, siendo muchos de ellos municipios sitos en comarcas vitícolas pertenecientes a Denominaciones de Origen vínicas históricas como son las D.O. Toro, Rueda, Ribera del Duero, Cigales y León
Los proyectos más alejados no deben presentarse como una afección directa e inmediata sobre el núcleo vitivinícola de Toro, pero demuestran que no estamos ante una situación local, puntual o aislada, sino ante un proceso de implantación industrial de escala provincial.
Esta dimensión justifica que el manifiesto se abra a todas las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, marcas de garantía, rutas del vino, organizaciones agrarias, sectores agroalimentarios, turísticos y empresariales cuya actividad depende de la calidad ambiental y de la reputación del territorio.
LO QUE RECLAMAMOS
Las entidades firmantes solicitamos a la Junta de Castilla y León, al Gobierno de España, a la Confederación Hidrográfica del Duero, a la Diputación Provincial de Zamora, Diputación Provincial de Valladolid, a los ayuntamientos y al resto de administraciones competentes:
1. Planificación territorial previa y vinculante
Una planificación autonómica y provincial que determine dónde pueden implantarse estas instalaciones, con qué capacidad y bajo qué límites de concentración, atendiendo a los residuos realmente disponibles, las infraestructuras existentes, la capacidad de acogida y la sensibilidad de los usos preexistentes.
2. Evaluación acumulativa, estratégica e independiente
Un estudio público que analice conjuntamente todos los proyectos existentes, autorizados y en tramitación en el ámbito geográfico de la DO Toro y en las provincias de las que participamos.
Deberá incluir la disponibilidad real de residuos, los tráficos, las emisiones, los olores, el consumo de agua, los digestatos generados, la carga total de nitrógeno y fósforo, la coincidencia de parcelas receptoras, el riesgo sobre las masas de agua y los efectos económicos, turísticos y reputacionales.
Esta evaluación estratégica no sustituirá la evaluación ambiental de cada instalación. Las evaluaciones de los proyectos deberán desarrollarse dentro del marco territorial aprobado, incorporar sus límites y conclusiones y analizar de forma efectiva su acumulación con las demás instalaciones existentes, autorizadas y en tramitación.
3. Suspensión cautelar de los proyectos en tramitación
Mientras no se conozca la capacidad real de acogida del territorio, no deben seguir consolidándose decisiones que puedan convertir en irreversible el modelo industrial resultante.
4. Protección reforzada de las figuras de calidad, las rutas del vino y el turismo rural
Las denominaciones de origen vínicas, indicaciones geográficas, marcas de garantía, rutas del vino certificadas, viñedos, bodegas, paisajes productivos, alojamientos y establecimientos enoturísticos deben reconocerse como usos preexistentes de especial valor y elevada sensibilidad.
La compatibilidad de las macroplantas de gestión de residuos y producción de gas, grandes complejos fotovoltaicos y eólicos y macrogranjas porcinas con estas actividades agrícolas, agroalimentarias y enoturísticas existentes, deberá demostrarse previamente mediante una evaluación independiente.
5. Balance provincial de purines, estiércoles y digestatos
Los promotores deberán acreditar con datos verificables la disponibilidad real de residuos, identificar las explotaciones proveedoras, evitar la doble contabilización y demostrar que su viabilidad no depende de nuevas macrogranjas ni de la importación estructural de residuos desde largas distancias.
También deberán identificar las parcelas receptoras de digestato y acreditar que no coinciden con las comprometidas por otros proyectos.
6. Evaluación del efecto llamada ganadero
Cada expediente deberá analizar si la capacidad prevista puede incentivar nuevas explotaciones intensivas o ampliaciones ganaderas destinadas a asegurar el abastecimiento de las plantas.
- Cese de nuevas autorizaciones para porcino industrial.
Si la contaminación por nitratos de origen ganadero constituye ya uno de los principales problemas ambientales del territorio, no resulta coherente seguir autorizando nuevas explotaciones porcinas industriales ni ampliaciones de las existentes, incrementando la producción de purines que después se pretende gestionar mediante grandes plantas de biometano. Reclamamos la suspensión de estas autorizaciones en las zonas afectadas o en riesgo, hasta que se garantice la recuperación de las masas de agua y se acredite que el territorio dispone de capacidad real para asumir las deyecciones ganaderas ya generadas.
8. Participación efectiva de las entidades territoriales
El Consejo Regulador de la DO Toro, las demás figuras de calidad, las rutas del vino y las organizaciones representativas de los sectores afectados deberán ser reconocidos como partes interesadas en los expedientes que puedan incidir sobre su territorio, sus actividades o la reputación de sus productos.
DEFENDER LAS FIGURAS DE CALIDAD ES DEFENDER EL FUTURO DE NUESTRO TERRITORIO (VALLADOLID y ZAMORA)
Los pueblos de Valladolid y Zamora necesita inversión, innovación, energía y empleo, pero no a costa de las actividades que en el medio rural, ya generan riqueza, identidad y fijan población.
La transición energética debe planificarse, adaptarse a los recursos locales y ser compatible con los usos preexistentes. Debe proteger el agua, los suelos, el paisaje y la calidad de vida, y evitar que nuestros pueblos, nuestro territorio y nuestras provincias se convierta en receptora de residuos procedentes de otros territorios.
No se puede imponer un modelo económico ajeno al construido por nuestras comarcas durante generaciones.
La DO Toro y las figuras de calidad alimentaria incluidas en las provincias de Valladolid y Zamora no son un obstáculo para el desarrollo. Son patrimonio, empleo, cultura población y futuro para el mundo rural.
No pedimos privilegios. Pedimos planificación, transparencia, precaución y respeto.
Porque la industria puede trasladarse, pero aquello que hace único a un territorio, una vez perdido, no puede recuperarse
ADHESIONES
Este manifiesto queda abierto a la adhesión escrita de consejos reguladores, denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, marcas de garantía, Asociaciones promotoras de figuras de calidad alimentaria, rutas del vino certificadas y sus entidades gestoras, asociaciones enoturísticas y de turismo rural, bodegas, cooperativas agrícolas, viticultores, organizaciones agrarias, empresas agroalimentarias, alojamientos, establecimientos de hostelería y restauración, comercios, asociaciones empresariales, entidades locales, instituciones académicas, colectivos sociales y ambientales y ciudadanía de la provincias de Valladolid y Zamora.
Entidad promotora:
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro.
Inscripciones online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHcgXT3NYpXViz9Ehrd55sx1EcTNQsCfOCBYNYxEgpYrWeKQ/viewform?usp=publish-editor
